Africa

El viernes 12 de septiembre, momento elegido para hacer pública la sentencia, no puede ser más controvertido a seis meses de la celebración de las próximas elecciones presidenciales, y primeras para el recién estrenado candidato presidencial del ANC, Jacob Zuma. La tormenta política desatada está removiendo los cimientos del partido político mayoritario del país que cuenta con el apoyo del 70% del electorado, tras la acusación pública del juez de intromisión política del presidente del país, y anterior presidente del ANC, en el sistema judicial para acabar políticamente con su rival de partido. Las voces dentro del partido pidiendo la inmediata dimisión del presidente del país, Thabo Mbeki, han conseguido el apoyo mayoritario durante la última reunión del comité nacional del ANC. El partido ha pedido la resignación oficialmente del presidente de la República que será efectiva el próximo jueves, con él deberán resignar todo el gabinete ya que constitucionalmente el jefe ejecutivo nombra a sus ministros.

La enemistad entre los dos políticos del partido ANC es popularmente conocida entre las filas del partido. Los dos antiguos camaradas de lucha arrastran recelos y miedos ancestrales que no sólo se nutren de sus adscripciones étnicas xhosa y zulú. Mbeki, en un esfuerzo por mantenerse en el poder tras ocho años en él, y ante la posibilidad de verse desposeído de éste, sólo se permiten dos legislaturas consecutivas, realizó unos movimientos en falso para cortar el paso a su contrincante de partido más aplaudido en la corte del ANC, Jacob Zuma. Haciendo uso de los instrumentos institucionales a su alcance, como jefe del ejecutivo del país, animó al fiscal general a presentar unas alegaciones por corrupción contra Zuma inmiscuyéndose en territorio judicial. A su vez, Zuma presentó un amparo ante un tribunal superior por ser procesado por motivos políticos. En el último capítulo representado, el tribunal superior de Pietermaritzburg ha dado la razón a Zuma. Empate de momento porque la fiscalía y Mbeki han anunciado que está estudiando recurrir la sentencia de este tribunal. Hay que remontarse a los primeros meses del año 2005 para entender el recorrido judicial de este folletín, cuando se presentaron los primeros cargos por corrupción contra Jacob Zuma. Durante ese mismo año el entonces vicepresidente de gobierno tuvo que hacer frente a un juicio por violación sexual del que fue absuelto. La carrera judicial abierta fue recorriendo tribunales de primera instancia y superiores, acabando con la resignación de Zuma como vicepresidente de gobierno. A pesar de ser desestimados los cargos por falta de pruebas congruentes, en primera instancia, la fiscalía siguió insistiendo en sus alegaciones por corrupción contra Zuma en el 2007, apelando y ganando en un tribunal superior.

En este folletín de intrigas palaciegas por fascículos el sistema judicial ha demostrado su responsabilidad y compromiso con la defensa de la división de poderes, espina dorsal del sistema democrático, afianzando la buena salud de la democracia sudafricana. El juez protagonista del último tramo judicial del caso Zuma, Chris Nicholson, es un reputado valuarte defensor de los más vulnerables, sus acciones profesionales en la judicatura han estado centradas en representar a las víctimas de la legislación apartheid, luchando firmemente contra la violación de los derechos humanos en el país.

A pesar de que el juez no ha entrado a valorar la inocencia o culpabilidad del acusado por los cargos de corrupción, sino la legalidad del proceso abierto por la fiscalía nacional, el fantasma de la corrupción aparece y desaparece en los corrillos mediáticos desde la instauración de la democracia en el país. Los casos de corrupción, arrastrados desde la desmantelación del sistema apartheid, se fundamentan en la partida de gasto público más importante aprobado por el gobierno sudafricano. Entre los desafíos administrativos presentes a la llegada al poder del ANC estaba modernizar el armamento de las fuerzas armadas sudafricanas, obsoletas tras once años de embargo armamentístico internacional. El gobierno presidido por Nelson Mandela y vicepresidido por Thabo Mbeki inició un proceso de negociación para suministrar nuevo armamento al ejercito y modernizar las fuerzas armadas. El cierre de un multimillonario contrato armamentístico con proveedores extranjeros de más de 2 500 millones de euros para los próximos 10 años, desembocó en rumores y acusaciones de corrupción y malversación de fondos por parte de algunos miembros del gobierno del ANC, entre ellos Jacob Zuma, involucrados en el proceso de selección y negociación del tipo de contratos con los proveedores extranjeros. La oposición, encabezada por la diputada del partido Independent Democrats, Patricia De Lille, denunció hechos de malversaciones de fondos y sobornos durante el proceso negociador y exigieron comisiones de investigación en los inicios del 2000. El cierre en falso de las comisiones de investigación y la falta de transparencia en los detalles del contrato armamentístico han provocado que acusaciones por corrupción de miembros del gobierno sudafricano interrumpan estratégicamente en el debate político nacional.

La última víctima en la lluvia de acusaciones por corrupción ha sido el mismo presidente de la República Thabo Mbeki quien ha tenido que oír en el último mes acusaciones contra él por el supuesto cobro de sobornos durante el proceso de negociación del contrato armamentístico. La herida abierta por este contrato armamentístico puede acabar siendo mortal para la sociedad y el sistema democrático del país. Durante la lectura de la sentencia el juez así lo atestiguo, recomendando la apertura de una comisión de investigación independiente que esclarezca la actuación de los miembros del gobierno y funcionarios públicos involucrados en la negociación de la provisión armamentística, y así acabar con las dudas sobre el nivel de corrupción político gubernamental que están estigmatizando a la élite política y al sistema democrático sudafricano. En palabras de Paticia De Lille, Thabo Mbeki es la primera víctima en caer por el caso del contrato armamentístico, habrá que esperar si la sangría continuará con la puesta en marcha de una comisión independiente, o si por el contrario se volverá a cerrar en falso sin comisión de investigación independiente.

La aireación pública de las imperfecciones del diseño institucional post-apartheid ha puesto sobre la mesa de discusión la clásica colisión de poderes inherente en el sistema democrático. El fiscal general sudafricano es nombrado por el gobierno, hecho también reconocido en la constitución española, generando intereses contrapuestos en esta institución que debe velar por la aplicación de una justicia independiente y deberse al que le ha nombrado. Thabo Mbeki ha desestimado a su propio partido y al sistema institucional que ayudó a diseñar. La caída en picado de Thabo Mbeki desde el pasado mes de diciembre tras perder las primarias de su partido, fue a su vez el despegue victorioso del controvertido Jacob Zuma. Ahora se suceden las purgas de partido durante la celebración de las primarias del ANC en las nueve provincias sudafricanas a favor del ala de Zuma. Sólo el mundo exterior y los juegos de sillas diplomáticos en Zimbabwe siguen alimentando el ego de un político herido de muerte.